El lunes 18 de marzo por la mañana se realizó una protesta convocada por Serintra (asociación de transportistas autónomos del puerto de Barcelona), consistente en una marcha lenta por la ciudad durante cinco horas, lo que implicaba la circulación de incontables cabezas tractoras de camión sin remolque por diferentes vías urbanas. En su marcha lenta, los conductores accionaban diferentes señales acústicas (cláxones, bocinas, sirenas, etc) de manera caprichosa, discontinua, imprevisible y aleatoria, con lo que se generaban por momentos niveles de presión sonora muy considerables (especialmente cuando varios cláxones y bocinas coincidían en el espacio y el tiempo).Esta es una muestra tomada en la confluencia de Joaquim Pou, Julian Portet i Via Laietana y pretende señalar la colisión que se produce entre el legítimo derecho a la protesta y la obligación de la administración de proteger la salud y el bienestar de las personas que viven, pasan, estudian, trabajan o están convalecientes en las inmediaciones de esta calle, ya muy saturada por el tráfico habitual.
No resulta sencillo dar respuesta a esta cuestión porque la legítima alteración del medio ambiente (particularmente el medio acústico) es un elemento indisociable de la protesta: caceroladas, bocinas, músicas, coros y cánticos, petardos, sirenas. Pero colisiona directamente con el derecho a un entorno saludable en el que desarrollar las actividades cotidianas sin injerencias ni intromisiones nocivas también resulta incuestionable.
La respuesta debe provenir del análisis de las particularidades de las prácticas de la protesta en cuestión, así como de la consideración de las características propias del fenómeno acústico y, finalmente, de la valoración del impactos sobre la salud y el desarrollo de las actividades cotidianas de la población.
Ponderando estos elementos podremos vislumbrar qué nivel de ruido puede ser legítimo en una protesta y en qué circunstancias ese ruido debe cesar.
En relación a la práctica cabe señalar que una marcha lenta, que es lo que se convocó, tiene, por si misma, sus implicaciones en la calidad del aire por las emisiones de gases contaminantes propias de los vehículos protagonista de la marcha. Sin embargo, la decisión de los conductores (no sé si prevista y no comunicada o espontánea) de hacer sonar cláxones, bocinas y otras señales acústicas en su recorrido por la ciudad convierte esta segunda cuestión, la de la la contaminación del aire por ruido en protagonista del episodio que vivimos durante cinco horas esa mañana.
En primer lugar cabe señalar que los elementos de señalización acústica de la que disponen estos vehículos están pensados para entornos abiertos (no urbanos) y muy ruidosos como son los puertos industriales, lo que supone elevar la potencia e intensidad de dichas señales a niveles que resultan inapropiados en entornos urbanos. Si, además, añadimos la coincidencia de varias señales al mismo tiempo, lo que amplifica la intensidad del conjunto, ya tenemos un elemento que por sí mismo hace inapropiado el uso y, especialmente el abuso, de este recurso.
Otra cuestión relevante es la diversidad y variedad de bocinas, sirenas y demás, lo que produce una variabilidad en el estímulo que se percibe con evidentes consecuencias en la fatiga mental.
Por si fuese poco, a la coincidencia de señales y la variabilidad de sonidos, cabe añadir la imprevisibilidad del patrón de repetición de cada señal (unas veces el sonidos es continuo y de duración indeterminable y otras son secuencias de señales cortas repetidas tantas veces como el camionero decida en cada momento).
Y si esto lo extendemos a lo largo y ancho de cinco horas, nos situamos en un ambiente insalubre y contaminado, que imposibilita cualquier actividad para la que se requiera una mínima concentración o se asiente en una comunicación fluida (como es el caso de la educación). Y además, hay que considerar los efectos fisiológicos y psicológicos, no tan evidentes pero científicamente demostrados (sobresaltos continuos, fatiga mental, subida de tensión, taquicardias, estrés, irritabilidad; ver guías de la Organización Mundial de la Salud). Y este clima, extendido sin información previa (La Policía Local desconocía la duración de la protesta) a lo largo de cinco horas supone una agresión a la salud de las personas, especialmente los más sensibles (embarazadas, menores, ancianos y enfermos) desproporcionada a la legítima reivindicación y visibilización (en este caso responde mejor a la idea de hacerse oir) de un conflicto laboral.
Esa falta de protocolo de actuación (toma de muestras, consulta a expertos, adopción de decisiones y aplicación de las acciones necesarias para a reducir, o eliminar cuando es posible, la causa del Episodio de Contaminación) permite inferir una lesiva inconsciencia o dejadez en relación a la necesidad de su existencia y deja a los ciudadanos a la merced del capricho de unos transportistas que legítimamente deciden 'hacerse oir', pero que irresponsablemente e inconscientemente optan por una forma de protesta con un importante (difícil de cuantificar pero innegable) impacto sobre la salud de las personas y el normal desarrollo de la vida cotidiana.
